(Vox Rincón de la Victoria) José Rodríguez, ha denunciado la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones en Rincón de la Victoria por considerarla “una medida recaudatoria y contraria a la Constitución”. Además, ha criticado al alcalde por “no leer los informes de más de 500 páginas que sustentan la propuesta”
En el pleno ordinario de julio, en el ayuntamiento de Rincón de la Victoria, el portavoz de VOX, José Rodríguez, ha manifestado su negativa a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en el municipio, por ser “contraria al artículo 19 de la CE que establece la libertad de circular por el territorio nacional como un derecho fundamental”, en ese aspecto se ha ironizado sobre “la torpeza de los padres de la constitución al no prever las políticas climáticas del Partido Popular”.
Sobre la Zona de Bajas Emisiones cabe recordar que “no existe normativa de la EU que regule ni exija la implantación de la ZBE” y que “ha sido iniciativa del gobierno de Sánchez la implantación de estas zonas mediante la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética”. No obstante, ha apostillado, “dado que la citada Ley carece de régimen sancionador, el incumplimiento de esta Ley es totalmente inocuo”.
Desde VOX, también se ha recordado al alcalde que esta zona “no tiene necesariamente que establecerse en la zona comercial de Rincón de la Victoria y que puede establecerse la misma en vías ya peatonalizadas como ha hecho hace unos días el Ayuntamiento de Fuengirola”.
También se ha hecho referencia a que de los diez puntos que establece el art. 14.3 de la Ley 7/2021, el ayuntamiento sólo impondrá la ZBE, que es la única medida que “permite meter la mano en el bolsillo del ciudadano” y que esto “obedece a la voracidad recaudatoria de Salado”, ha concluido el portavoz de VOX.
En un final de debate bronco, ha explicado José Rodríguez, el alcalde ha hecho uso de su turno de palabra sin replica, con el único objetivo llamar mentiroso al portavoz de VOX, sobre los datos aportados que, tal y como ha indicado, “provienen de los informes aportados por el equipo de gobierno”, informes que suman más de 500 páginas, que “ni el alcalde ni el concejal delegado han leído según lo visto en el pleno”.