(Eduardo Madroñal Pedraza) La segunda propuesta de reforma de las pensiones presentada por el ministro Escrivá se debe a la obligación que la Comisión Europea impuso al gobierno español para solicitar el cuarto desembolso de los fondos Next Generation. Pero el año acabará con la reforma en el alero porque Escrivá no cerrará el acuerdo hasta enero. La reforma tiene dos aspectos. Por un lado, propone la subida de las bases máximas de cotización y la continuidad del mecanismo de equidad intergeneracional. Por otro, la ampliación del período de cálculo de las pensiones.
Incrementar los ingresos
La reforma plantea dos medidas para elevar los ingresos, mediante la elevación de las bases máximas de cotización más un incremento, y la permanencia del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) sin límite temporal.
La primera propuesta plantea el aumento de las bases máximas de cotización más un incremento adicional anual de 1,154 puntos durante 25 años (entre 2025 y 2050) que no solo vincula tal aumento al criterio de revalorización de las pensiones -es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre- sino que propone una subida adicional anual hasta alcanzar el 30% hacia 2050. Lo que supone un mayor ingreso de cotizaciones en el sistema público de pensiones.
Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima que se cobraría, aunque no en la misma proporción. La pensión máxima subiría entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima, más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas de 1,154 puntos. A partir de 2050, se negociaría de nuevo.
La segunda medida propone subir todas las cotizaciones un 0,6% para aumentar los ingresos del sistema. Lo que permitiría afrontar el gasto creciente por las jubilaciones de las personas nacidas en los años de alta natalidad. Porque el incremento iría a rellenar el indebidamente vaciado fondo de reserva de la Seguridad Social, más conocido como la hucha de las pensiones. Y también que el MEI sea un mecanismo automático que se extienda hasta 2050 sin dejarlo al arbitrio de decisiones políticas.
Los grandes empresarios se oponen a un aumento de sus aportaciones sociales. Por el contrario, sindicalmente se apoyan las dos propuestas de elevación de los ingresos del sistema público de pensiones.
Período de cálculo de las pensiones
La otra medida de gran impacto social es la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, entre 2027 y 2038. Durante esos 12 años, el periodo de cálculo se ampliaría a razón de cinco meses por año, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos, es decir, que se calcularía sobre 28 años.
Los investigadores de las universidades de Extremadura y de Valencia -pertenecientes al Grupo de Investigación Pensiones y Protección Social- advierten que la extensión del cálculo reducirá la cuantía de las pensiones, afectando más cuanto menor sean los años de cotización. Según sus cálculos, las prestaciones con pocos años se reducirán un 3,1% -que sobre una pensión media de 1.330 euros es una pérdida mensual de 42 euros, o 588 anuales- y en las jubilaciones ordinarias a los 65 años disminuirán un 1,1%. Por lo que concluyen que los jubilados necesitarán compensar, con su ahorro individual, la disminución de su pensión futura.
El gobierno afirma que esta prolongación tiene un efecto neutro -ni positivo ni negativo- en el gasto total en pensiones, pero sí lo tendría en las cantidades que supondrían para las distintas situaciones de jubilación -de los pensionistas- en función de cómo hayan sido sus vidas laborales. El gobierno solo destaca que con el cambio se van a mejorar las pensiones de los que han sufrido las últimas crisis como los que perdieron el trabajo en los años cercanos a la jubilación, y también los que han tenido carreras laborales intermitentes.
Pero, en realidad, no va a beneficiar a tanta gente, porque la ampliación del número de años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la pensión -como han cuantificado los economistas de las universidades de Valencia y Extremadura- genera inevitablemente un recorte de las mismas que se calcula afectarían al 70% de los futuros pensionistas. Porque, para la mayoría de trabajadores, la ampliación del período de cómputo produce una merma de la pensión dado que los salarios suelen aumentar a lo largo de su vida laboral. Si se introducen en el cálculo los salarios de años previos, mayoritariamente produce un descenso de la pensión inicial futura.
Desde la posición interesada del Banco de España -que sigue hablando de llegar hasta los 35 años el período a utilizar- su informe, publicado estos mismos días, afirma que subir el cálculo a 35 años conseguiría que un 80% de las pensiones iniciales fueran más bajas; sólo un 10% se quedarían igual y otro 10% mejoraría.
Sin consenso en el diálogo social
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no convocará a los agentes sociales la última semana del año por lo que el acuerdo por la reforma de pensiones queda definitivamente aplazado a comienzos de 2023.
La propuesta del ministro Escrivá ya había recibido el rechazo sindical. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, había declarado que “el sindicato no aceptará ampliar el periodo de cálculo de la pensión más allá de los 25 años actuales, aunque se ofrezca la posibilidad de eliminar los peores años de cotización”. En la misma línea, CCOO había afirmado que “esta propuesta no se corresponde con las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo”.
Con el nuevo año habrá que estar pendientes.
