Loles López remarca el alza de las partidas para la infancia, que suman un total de 222,4M€, un 45% más que en 2018
La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad mantiene una firme apuesta por las políticas de infancia, la cual se pone de manifiesto con el alza escalonada que han experimentado las partidas destinadas a los menores, sobre todo, a los que están en situación de vulnerabilidad. Por ello, la cuantía para la lucha contra la pobreza infantil ha experimentado este 2023 un incremento del 26 por ciento respecto al año anterior hasta alcanzar los 14,8 millones de euros.
“Los niños y niñas andaluces son nuestra prioridad porque, no son solo el futuro sino el presente, y merecen tener una infancia plena y feliz”, ha enfatizado la consejera del ramo, Loles López, que ha recordado la importancia que tiene un buen desarrollo en esta etapa de la vida para conseguir después adultos con valores y comprometidos con la sociedad. “La educación en valores es esencial y desde la administración tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades y que todos los niños y niñas puedan crecer en climas adecuados de convivencia”, ha proseguido.
De este modo, la consejera ha incidido en que la Junta de Andalucía demuestra “con hechos que hablan por sí solos” su compromiso con los menores, sobre todo con los que se encuentran en una situación más vulnerable. De hecho, su departamento cuenta para este 2023 con un presupuesto total de 222,4 millones de euros para el desarrollo de políticas destinadas a la infancia y adolescencia. Esta cantidad supone incrementar en 19 millones la inversión en infancia respecto del ejercicio anterior, cerca de un 10% más y un alza de 69 millones de euros respecto al presupuesto del año 2018, es decir, un 45 por ciento más.
En concreto, de estos 222,4 millones, los fondos destinados a la lucha contra la pobreza infantil suben hasta los 14,8 millones de euros, tres millones más respecto al año anterior, es decir, un 26% más. No obstante, no se trata de la única partida en alza ya que a la remuneración del acogimiento familiar de menores tutelados se destinarán 16,5 millones, un 12 por ciento más que en el ejercicio anterior.
Asimismo, la consejera ha remarcado que uno de los principales retos de su Consejería es conseguir desinstitucionalizar a los menores que están en centros de protección ya que la alternativa familiar es, como ha reiterado la consejera, la mejor opción para un adecuado desarrollo de los niños y niñas.
Convencida de la necesidad de seguir trabajando para afianzar el acogimiento familiar, ha avanzado la realización de una campaña institucional para su difusión y la adopción de menores con necesidades especiales en el mes de junio. “Nada como el calor de un hogar para crecer, aprender, desarrollarse y vivir los valores familiares”, ha enfatizado López, que ha señalado que este 2023 se han consignado 16,5 millones de euros para la remuneración de acogimiento familiar, incrementándose un 18% respecto al año 2022.
Tras incidir en la importancia de que las familias que vayan a acoger a menores se animen a ello, ha señalado las medidas que van a poner en marcha para que el proceso cuente con una información fluida, directa y un acompañamiento más eficaz. Por tanto, se está tramitando el concierto social para el servicio de atención a las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar y la adopción. El servicio consiste en información legal, formación obligatoria sobre los procesos de acogimiento familiar y la adopción, tanto nacional como internacional, y la valoración de idoneidad de las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar y la adopción. El importe de esta actuación supone más de 2 millones de euros y la incorporación de 25 equipos profesionales nuevos, formados cada equipo por un psicólogo y un trabajador social.
Igualmente, se encuentran en fase de licitación los conciertos sociales para el acompañamiento a las familias acogedoras y adoptivas. Por ello, es necesario establecer mecanismos para conseguir un mayor acompañamiento a las familias, a las personas menores para evitar los fracasos tanto en acogimiento familiar como en guardas con fines de adopción y a las personas adoptadas. La cuantía de esta actuación supone más de dos millones de euros y la incorporación de 26 equipos profesionales nuevos, formados cada equipo por un psicólogo y un trabajador social. Por su parte, como medida de acompañamiento a la anterior, se va a elaborar una nueva orden que actualice el procedimiento de concesión y los importes de las prestaciones para los menores en acogimiento familiar, como ha subrayado la consejera.
Además, según ha recordado la titular de Inclusión Social, la Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía promueve de forma prioritaria la adopción y el acogimiento familiar como medidas de integración familiar frente al acogimiento residencial.
Refuerzo al acogimiento
De otro lado, entre las actuaciones más significativas para 2023 destacan la atención a menores en riesgo a través de los equipos de tratamiento familiar con un presupuesto de 18,8 millones; el fomento del acogimiento familiar y la adopción, dotado con 6,3 millones; así como resulta destacable otra actuación, de vital importancia, como es la detección, evaluación y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual con un presupuesto de 1,8 millones. Igualmente, el concierto social para el acogimiento residencial de menores experimenta un incremento del 25 por ciento hasta alcanzar los 83,6 millones de euros.
Loles López ha subrayado los convenios alcanzados con entidades privadas para la incorporación del voluntariado en los centros de protección de menores con el fin de enriquecer la atención residencial. Así, a comienzos de este año se ha iniciado la tramitación de dos nuevos convenios, –se suman a los ocho ya existentes–, con la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia (Adima) y con Cruz Roja Comité Provincial de Córdoba. También es reseñable el convenio con la Fundación Cruzcampo para la inserción laboral de jóvenes procedentes del sistema de protección de menores de Andalucía. La consejera ha incidido en que la Junta acompaña a estos menores una vez que alcanzan la mayoría de edad a través de itinerarios formativos y laborales de cara a su inclusión plena en la sociedad.
Por otro lado, en el momento actual se están diseñando los programas y medidas de actuación, en coordinación con el comité técnico, para la publicación del III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que está prevista para final de verano. “Para este Gobierno, que reconoce el valor social que tiene la infancia, los menores de edad son protagonistas de sus derechos y es importante que se inicien como ciudadanos y que participen en la sociedad”, ha remarcado López, que ha destacado que el bien superior de los niños es “prioritario” para la Junta de Andalucía porque se trata de un sector de la población vulnerable y que requiere de toda la atención y cuidados.
En esta misma línea, la inversión para las ayudas económicas a familias con menores para la atención de sus necesidades básicas supera los 14,8 millones de euros y beneficia a más de 30.000 familias. Estas prestaciones están dirigidas a familias andaluzas con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender necesidades básicas. Son complementarias de los servicios sociales comunitarios, de carácter temporal, dinerarias o en especie para la lucha contra la pobreza infantil. Por ello, para la simplificación y agilización de estas ayudas, está en marcha la elaboración de una nueva orden.
El programa para atender a los niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad y/o conflictividad en al ámbito familiar (proyecto Nayfa) cuenta con 540.000 euros para dar cobertura a 350 familias y 400 niños y niñas. Esta actuación tiene por finalidad la atención, apoyo y orientación a familias con niños, niñas y adolescentes que muestran problemas de adaptación y/o comportamiento.
Por otra parte, la consejera de Inclusión Social ha incidido en el trabajo que se está llevando a cabo para la puesta en marcha del proyecto ‘Casa de los Niños’ (Barnahus en islandés), el cual supone un modelo para albergar en un mismo espacio el equipo especializado que necesitan los niños víctimas de delitos sexuales al objeto de que tengan todas las atenciones (psicológica, social, legal y judicial) en el mismo espacio y así se les evitan desplazamientos y todo se realiza con más cercanía y en beneficio del menor.
